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DERECHO A VOTAR
Unánimemente aprobamos que el derecho al voto pueda ser ejercido libremente por la totalidad de las personas mayores de 18 años que conforman el censo de un país democrático. Por este motivo hemos celebrado como un gran logro el que, tras muchos años de lucha, los discapacitados intelectuales, enfermos mentales y disminuidos psíquicos puedan por fin ejercer su derecho al voto de manera libre y secreta. ¿Libre y secreta? Este es, posiblemente, el “quid” de la cuestión. Como padre de un joven autista mi primera reacción ante esta noticia es la de satisfacción por el reconocimiento del derecho al voto que tiene como persona. El problema que veo es el siguiente: ¿Cómo hacerle comprender a mi hijo el concepto del voto, de la Democracia, del Estado, de la Monarquía parlamentaria o el de los partidos políticos, entre cuyas propuestas programáticas debe elegir la que más le conviene? Algo que de por sí es complicado para cualquier ciudadano, sea cual sea su grado de preparación o capacidad intelectual, sería completamente imposible de asimilar por mi hijo, así como por la mayoría de los discapacitados intelectuales o enfermos mentales. Ahora bien, el dilema se plantea entre el derecho que tienen a decidir, o sea a votar, y la cuestión ética que se deriva de si su voto lo deciden ellos libremente o es inducido/impuesto/sugerido por sus allegados o tutores, lo que en realidad supone una duplicación de sus votos. Mi hijo ha votado ya en varias ocasiones, pues como ciudadano censado tiene perfecto derecho a ello, pero su voto no es en realidad suyo, sino el de quien ha introducido en su sobre la opción que considera mejor para él. Quién vota entonces cuando una persona enferma de Alzheimer o con demencia senil, parálisis cerebral, autismo severo o trastorno de la personalidad, deposita el voto en la urna. Dónde trazamos la línea sutil que debe diferenciar a quienes tienen capacidad intelectual, aptitud crítica o disposición analítica para ejercer el voto y los que carecen de todo ello y se dejan llevar, bien por la imposición de las personas cercanas, como es el caso que nos ocupa, o bien por la tradición, el apego, la fidelidad o la adhesión inquebrantable a un partido, del que no renunciaría ni aunque llevara a la ruina a todo el país. Lo dejo a la conciencia de cada uno. Cuestión complicada cuando se enfrentan el derecho y la ética. El derecho al voto debe estar estrictamente garantizado, pero como todo derecho conlleva a la vez un contrapeso de obligaciones. La reflexión, análisis y conocimiento de los diferentes programas electorales que presentan los partidos deberían ser necesarios a la hora votar con responsabilidad, puesto que el voto individual afecta al colectivo, es decir, influye directamente en las vidas del resto de la sociedad. La incapacidad para comprender los programas y propuestas de los diferentes partidos políticos supone realizar la votación de manera aleatoria o bien delegarla en el tutor o responsable directo del incapacitado, lo que en la práctica supone una duplicación del voto.
Carlos Leopoldo García Alvarez
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